La constructora chilena San Felipe, una de las empresas más reconocidas en el sector de la construcción, fue declarada en quiebra esta semana debido a casos de corrupción y problemas financieros insostenibles. Fundada en 1982, San Felipe había logrado consolidarse en el mercado con importantes obras en el norte del país. Sin embargo, la empresa no pudo superar la crisis económica y las dificultades del sector, acumulando pasivos de al menos $19.000 millones (US$ 19,3 millones). A finales del año pasado, San Felipe solicitó una reorganización para intentar solventar su situación financiera, pero no tuvo éxito.

La constructora empleaba a más de 700 trabajadores, cuyo futuro ahora es incierto. La situación de San Felipe se agravó considerablemente durante la pandemia, un período en el que la disminución de obras y el aumento de los costos de materiales impactaron duramente su capacidad operativa. La crisis en la construcción en Chile no es nueva; se ha venido arrastrando desde el estallido social de 2019 y se intensificó con la pandemia del COVID-19, dejando sin recuperar alrededor de 110.000 empleos desde el pico de 2019.

Varios factores contribuyen a esta crisis en la industria de la construcción. La burocracia en la obtención de permisos es uno de los principales problemas, ralentizando el inicio de nuevos proyectos y aumentando los costos operativos. Además, los sobrecostos y la falta de inversión han afectado la viabilidad de muchos proyectos. La industria inmobiliaria también está estancada, lo que agrava la situación.

En respuesta a esta crisis, el gobierno chileno ha implementado varias medidas para intentar reactivar el sector. Entre estas medidas se incluyen beneficios tributarios para la compra de viviendas nuevas y una garantía estatal del 10% para los créditos hipotecarios, que está vigente desde el primer trimestre de 2023. Estas iniciativas buscan fomentar la demanda en el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a la vivienda, incentivando a los compradores y a los inversores.

Aparte de los alivios tributarios, hay otras formas de ayudar a la industria de la construcción. Una opción sería la implementación de programas de financiamiento y subsidios específicos para empresas constructoras, especialmente las pequeñas y medianas, que les permitan acceder a capital de trabajo y mejorar su liquidez. También es crucial simplificar los trámites burocráticos y reducir los tiempos de espera para la obtención de permisos de construcción, lo que podría agilizar la puesta en marcha de nuevos proyectos.

Además, fomentar la inversión en infraestructura pública mediante la creación de alianzas público-privadas puede ser una solución efectiva para generar empleo y dinamizar la economía. El desarrollo de proyectos de infraestructura sostenible y la promoción de tecnologías innovadoras en la construcción también pueden contribuir a revitalizar el sector y hacerlo más resiliente ante futuras crisis.

En conclusión, la quiebra de la constructora San Felipe refleja la profunda crisis que atraviesa la industria de la construcción en Chile. Para superar esta situación, se requiere un enfoque integral que combine medidas gubernamentales, incentivos financieros y la modernización de procesos. Solo a través de un esfuerzo coordinado se podrá revitalizar el sector y garantizar su contribución al crecimiento económico y social del país.